Las enmiendas del Senado estadounidense a la Iniciativa Mérida (ver estos documentos: 1 y 2) están ahora en el centro de las discusiones políticas mexicanas. Autoridades judiciales, legisladores y analistas han criticado lo que consideran una postura intervencionista del gobierno estadounidense y argumentan que quiere reinstalar la certificación antidrogas.Los condicionamientos propuestos en el Congreso también han despertado críticas en Estados Unidos, como lo refleja un editorial del Investor's Business Daily.
Aunque ambos gobiernos han trabajado de manera conjunta desde hace varios meses en esta nueva fase de cooperación binacional en materia de seguridad, la administración del presidente Felipe Calderón analiza los condicionamientos impuestos tanto en la Cámara Representantes como en el Senado. Si las enmiendas son aprobadas en la versión final de la ley, el gobierno mexicano podría recurrir al rechazo de la ayuda económica.
De ser aprobadas, las enmiendas que hizo el Comité de Apropiaciones del Senado de EU al proyecto de ley obligarían al gobierno mexicano a:
- Crear un mecanismo independiente, con representación de la sociedad civil, para monitorear el combate a las drogas, la violencia y la delincuencia organizada, así como los programas de reforma judicial, lucha anticorrupción y respeto a la ley.
- Demostrar que todos los casos de violación a los derechos humanos cometidos por personal militar sean transferidos a cortes civiles.
- Demostrar que las fuerzas armadas cooperan íntegramente con las autoridades civiles para procesary castigar a los soldados involucrados en violaciones a los derechos humanos.
- Demostrar que está aplicando las leyes que prohíben la confesión y testimonios arrancada mediante la tortura y otros tratos degradantes en violación a las leyes mexicanas e internacionales.
- Asegurar que los policías estatales y federales cooperan con las autoridades judiciales para perseguir y castigar a los policías que han cometido violaciones a los derechos humanos.
Las enmiendas 2 y 3 se acercan a la recomendación sistemática de los grupos internacionales de protección de los derechos humanos que le han pedido a México que modifique su sistema de justicia militar para que los militares que vulneren los derechos de los mexicanos sean enjuiciados en cortes civiles y no sólo en las cortes militares. (Ver por ejemplo estos reportes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch).
El hecho de que la propuesta legislativa condicione la ayuda a un cambio en la política militar de México sugiere una demostración de desconfianza en el gobierno de Calderón y reduce las posibilidades de que éste acepte la ayuda ofrecida. El gobierno mexicano ha empleado a fondo a las fuerzas armadas en el combate antidrogas, pero ese mensaje no parece convencer a los congresistas de que tenga una disposición real a investigar abusos militares.
Falta ver qué capacidad de cabildeo tiene el gobierno de Calderón en el Congreso para modificar o eliminar esos condicionamientos. Pero hasta ahora, los grupos de derechos humanos, tanto de los mexicanos como los estadounidenses, han demostrado una habilidad mayor para influir en las decisiones legislativas que tienen que ver con ayuda a México en materia de seguridad.
Si quieres ver la versión original del proyecto de ley que presentó Howard L. Berman, representante demócrata de California ante el Congreso de Estados Unidos pulsa aquí.
Falta ver qué capacidad de cabildeo tiene el gobierno de Calderón en el Congreso para modificar o eliminar esos condicionamientos. Pero hasta ahora, los grupos de derechos humanos, tanto de los mexicanos como los estadounidenses, han demostrado una habilidad mayor para influir en las decisiones legislativas que tienen que ver con ayuda a México en materia de seguridad.
Si quieres ver la versión original del proyecto de ley que presentó Howard L. Berman, representante demócrata de California ante el Congreso de Estados Unidos pulsa aquí.
