Les transcribo un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (México) sobre la Justicia Militar. El motivo tiene que ver con la demanda de que los abusos cometidos por militares contra la población deban ser investigados por la justicia civil ordinaria, no la militar:
(Para ver la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional pulse
aquí).
Fuero militar: obstáculo para el acceso a la justicia
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en conjunto con el Frente Cívico Sinaloense, realizan labores de observación en Sinaloa para documentar el caso de cuatro personas asesinadas el 28 de marzo por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiguarato, Sinaloa. Ante la situación de las víctimas demandamos:
l que la Sedena que se abstenga de seguir investigando los hechos, de modo que los presuntos responsables sean puestos a disposición de la autoridad civil competente, junto con los respectivos expedientes;
l que las autoridades civiles involucradas que ejerzan sus facultades legales para que estos hechos sean atraídos al fuero civil y esclarecidos.
La noche del miércoles 28 de marzo cuatro personas fueron asesinadas por elementos del Ejército Mexicano, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, en el Estado de Sinaloa. El mismo día en circunstancias aún no esclarecidas pero desligadas de estos hechos, dos soldados fueron asesinados en Sinaloa.
Debido a la gravedad de los hechos, como parte de una delegación de observación, en conjunto con el Frente Cívico Sinaloense, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se trasladaron a Sinaloa a fin de documentar el caso y establecer contacto con las víctimas y sus familiares con el propósito de conocer su situación.
Además de verificar el denodado esfuerzo que en condiciones muy adversas llevan adelante los familiares de las víctimas para acceder a la justicia, durante nuestra visita hemos logrado constatar tres situaciones que, por su gravedad, hacemos del conocimiento público:
1. La noche del miércoles 28 de marzo elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego en contra del vehículo en el que viajaban Edgar Geovany Araujo Alarcón (25 años), Héctor Zenón Medina López (28 años), Manuel Medina Araujo (25 años) e Irineo Medina Díaz (50 años), junto con otras dos personas que fueron heridas, sin razón ni motivo que lo justificaran. Los indicios apuntan a que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita. Con base en los elementos que hasta la fecha se han hecho públicos, es posible afirmar que se trató de una privación arbitraria de la vida perpetrada por militares en contra de un grupo de civiles, violación grave a los derechos humanos y delito sancionado por la ley penal como homicidio.
2. Desde el momento en que ocurrieron los hechos, la Sedena ha desplegado una estrategia de comunicación social que, de manera aparentemente deliberada, ha propiciado la confusión y la opacidad en el esclarecimiento de los hechos, a los que ha minimizado al calificarlos como un “incidente”. Esto es evidente si se considera el intento de vincular el homicidio de dos militares con la masacre de Santiago de los Caballeros; así como el intento de desprestigiar a las víctimas y sus familiares, vulnerando con ello su derecho a la honra y aumentando su victimización. Es lamentable constatar que algunos medios masivos de comunicación han repetido, sin verificación previa, la versión difundida por la Sedena.
3. Hasta la fecha, los familiares de las víctimas en su carácter de ofendidos, desconocen el estado que guardan las averiguaciones previas abiertas. Es preocupante que a pesar de que ha transcurrido casi una semana, se ignore si hay militares detenidos y, de ser el caso, su situación jurídica, así como los avances que presentan las indagatorias. De manera particular, es grave que las autoridades del fuero militar investiguen los hechos aun cuando estos de ningún modo constituyen faltas contra la disciplina militar, sino delitos cometidos en perjuicio de civiles que deben ser conocidos por las instancias ordinarias.
Frente a esta situación, exigimos a la Sedena que se abstenga de seguir investigando los hechos, de modo que los presuntos responsables sean puestos a disposición de la autoridad civil competente, junto con los respectivos expedientes. Al mismo tiempo, demandamos de las autoridades civiles involucradas, particularmente de aquellas adscritas a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa, que ejerzan sus facultades legales para que estos hechos sean atraídos al fuero civil y esclarecidos. La gravedad de los hechos requiere que las instancias competentes se avoquen con seriedad al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables conforme a derecho y la reparación del daño causado.
Recordamos que, como las organizaciones civiles de derechos humanos hemos denunciado reiteradamente, cuando las investigaciones de delitos cometidos por militares son conducidas por las propias autoridades castrenses desembocan, invariablemente, en opacidad e impunidad. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, refiriéndose a la situación que impera en nuestro país, que la extensión del fuero militar en dichos casos viola por sí misma los derechos humanos, en los siguientes términos: “la Procuraduría General de Justicia Militar carece, por definición, de la independencia y autonomía necesaria para investigar de manera imparcial las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. [...] la investigación por parte de la PGJM de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una violación per se de la Convención Americana”
[1].
