Si esto persiste así, el riesgo de que ocurran más atentados como el de Morelia es muy alto.
Una política adecuada busca evitar que un ataque terrorista ocurra interfiriendo en los procesos de formación del grupo. Estas políticas de prevención aislan al mando del grupo terrorista, destruyen sus sistemas de comando y control, penetran sus medios de reclutamiento y elevan al máximo la inseguridad operativa de la organización.
Ninguno de estos elementos de prevención pareció existir en el caso de Morelia.
Las escenas grabadas por la Agencia Cuasar y el periódico La Voz de Michoacán evidencian el caos en la coordinación de los agentes de todos los niveles de gobierno. La continuación de la música tradicional mexicana en los altavoces de la plaza en los momentos posteriores al atentado le añade un toque bizarro a la situación.
En el ataque del 15 de septiembre, el grupo agresor identificó y aprovechó condiciones seguras de operación:
- La policía estatal había hecho caso omiso de las amenazas de bomba y no aseguró el despliegue de un dispositivo especial para brindar seguridad a los asistentes a la verbena popular.
- La atención a los heridos podía ser obstaculizada por el paro de labores que mantenían los trabajadores de la salud de Michoacán en los hospitales de Morelia.
- No existían procedimientos de operación para responder de inmediato a un ataque terrorista. El caos de coordinación inmediatamente posterior al atentado facilitó la huída del grupo agresor y dificultó la evacuación de los heridos.
¿Existe acaso una responsabilidad federal por omisión en el caso de Morelia? Desde una perspectiva general sí. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington D.C., el gobierno desarrolló un plan para proteger la seguridad de las instalaciones estratégicas e impedir que el terrorismo internacional aprovechara el territorio mexicano para infiltrar armas y efectivos en Estados Unidos.
Todo el entrenamiento del FBI a la policía mexicana posterior al 11 de septiembre de 2001 se dedicó a la capacitación anti y contra terrorista, pero estos recursos, si existen, están subutilizados.
A pesar de la preparación antiterrorista que ya tienen las agencias de seguridad mexicanas, el plan para proteger a la población en las ciudades parece prácticamente inexistente.
Si la policía estatal no supo leer las señales previas al atentado o parte de ella misma estaba involucrada con el grupo agresor, ¿dónde estaban y qué hacían el CISEN, la división de inteligencia de la Policía Federal, o la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que constituyen niveles mucho más profesionalizados de inteligencia?
