11/23/2009
Jorge Luis Sierra
La guerra contra el narcotráfico está tomando características bizarras en México. Según el ex canciller Jorge Castañeda, el Ejercito mexicano está ejecutando narcotraficantes en el país y presentando esos asesinatos como si fueran obra de grupos rivales de la delincuencia organizada. Esta sería la primera ocasión en la que un ex miembro del gabinete de un ex presidente lanza una acusación semejante contra el Ejército.
Castañeda mencionó a los "falsos positivos" en una reunión internacional de expertos en la reforma a las políticas antidrogas realizada a principios de noviembre en Alburquerque, Nuevo México. Así explica el ex caciller el asesinato masivo de narcos y consumidores de drogas que está ocurriendo en Juárez, convertida ahora en la ciudad con más homicidios en el mundo.
Los "positivos" es el eufemismo que usa el Ejército colombiano para nombrar a las bajas que ocasiona al enemigo. Hace unos meses, a finales de 2008, las fuerzas armadas colombianas se vieron envueltas en un escándalo por la revelación de que el Ejército presentaba como "positivos" a víctimas inocentes de la violencia militar.
El escándalo colombiano alcanzó un punto crítico cuando el Ejército presentó a 19 jóvenes asesinados del municipio de Soacha, cercano a Bogotá, como guerrileros de las FARC que habían muerto en combate. Los jóvenes habían sido victimas de desaparición forzada días antes de sus comunidades. La práctica de falsos positivos fue confirmada por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización sin fines de lucro que busca la desclasificación de documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, que difundió en enero de este año reportes de inteligencia que mencionaban las tácticas de usar escuadrones de la muerte para asesinar a civiles de izquierda y combatientes capturados.
La afirmación del ex canciller Castañeda es de suyo grave. En caso de ser cierta, implicaría la existencia de unidades secretas del Ejército mexicano encargadas de cometer ejecuciones extrajudiciales para diezmar al enemigo. Sólo así podría explicarse el hecho de que las ejecuciones relacionadas con el narcotráfico estén multiplicándose a ritmos extraordinarios en las ciudades donde están llegando los contingentes militares que ha ordenado el presidente Felipe Calderón.
Nada podría ser más perturbador que saber que un gobierno está pasando por encima de la ley para lograr con escuadrones de la muerte lo que no puede hacer con la impartición de justicia. La tesis de los “falsos positivos” trae a la memoria la historia infame de los Halcones y la Brigada Blanca que actuaron con impunidad para desaparecer y ejecutar supuestos guerrilleros en los años 70. El uso de unidades militares secretas para combatir a la insurgencia armada en el país ha sido documentado ampliamente. Sin embargo, probar esa práctica en el contexto de la lucha contra el narcotráfico ha sido una labor aún más difícil.
Lo lamentable es que Castañeda no especifica claramente la fuente de su información. En Alburquerque dijo que la existencia de “falsos positivos” había sido documentada en Chihuahua, donde aparecieron los cadáveres de 29 sicarios que habían sido previamente detenidos. Sin embargo el ex canciller no explicó quién documentó esos casos y qué agencia o unidad habia detenido a los presuntos sicarios.
En su libro más reciente sobre el fracaso de la guerra antidrogas, el ex canciller y el ex vocero presidencial Rubén Aguilar atribuyen vagamente esa información a los grupos de derechos humanos, pero, sin pruebas, esa atribución se vuelve una posición cómoda, irresponsable, para deslizar una afirmación de tal gravedad.
El libro fue publicado en un momento difícil para México. Estados Unidos evalúa el desempeño de México en materia de derechos humanos y debe certificar ese desempeño, como parte de las obligaciones que impone la ley conocida como Iniciativa Mérida. La situación es complicada para el Ejército mexicano porque Americas Watch y otros grupos internacionales de derechos humanos, así como los diarios nacionales estadounidenses, destacan la escasez de juicios a militares que han sido acusados de violar los derechos humanos o de abusar de su fuerza, además del hecho de que las fuerzas armadas han acumulado más de 2,000 quejas de derechos humanos a lo largo de los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón.
El segundo contexto es importante porque marca la enemistad entre las bandas del narcotráfico y las unidades militares que las están combatiendo. El narcotráfico ha asesinado a dos generales que habían pasado recientemente a retiro y trabajaban en cuerpos de seguridad pública municipal de Quintana Roo y Nuevo León. En la cuenta de los sicarios también existe personal de tropa que ha sido ejecutado y descabezado como una advertencia provocadora a los militares. Después de esas ejecuciones, los mandos militares anunciaron que la respuesta castrense estaba por venir.
El tercer contexto es político. El presidente Calderón desmantó la estructura antinarcóticos que dejó Vicente Fox y cuestionó públicamente la falta de acción o voluntad de sus antecesores en el cargo para combatir al narcotráfico. En ese sentido, el libro de Castañeda y Aguilar tiene en realidad un tufo a defensa del ahora ex presidente Vicente Fox. Desde las primeras páginas, el libro defiende las acciones de los presidentes anteriores para cumplir de una u otra manera con los objetivos de la lucha contra el narcotráfico.
Castañeda debe explicar y fundamentar con mucha claridad sus afirmaciones. De otra manera, todo quedará como un intento mezquino del grupo del expresidente Fox que intenta contraatacar a Calderón por las criticas que éste hizo a los mandatorios anteriores. El ex canciller dedica su libro a lavar la imagen de Fox y a proponer ideas audaces para reorientar la guerra contra las drogas. Está bien si eso es lo que quiere hacer. Pero quizá sería mejor si pusiera el esfuerzo en probar la existencia de “falsos positivos”. Esa sería una tarea más útil y urgente para el país.
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